Escrivá quiere incentivar a las empresas que contraten a trabajadores que están en ERTE en otras compañías

La prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre ―que es cuando caduca el actual esquema― orbitará alrededor de la formación, tal y como adelantó grosso modo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hace unas semanas. Sin embargo, ya comienzan a conocerse algunos trazos más finos de ese planteamiento. Según han explicado fuentes próximas al proyecto a EL PAÍS, más allá de vincular las futuras exoneraciones en el pago de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores suspendidos a los planes de formación que deberán acompañar las nuevas solicitudes, aquellas compañías que contraten a trabajadores que están en un ERTE en otras empresas serán también incentivadas por el Gobierno. Además, será el Fondo de Garantía Social (Fogasa) el que se haga cargo de su antigüedad.

La mejora de la situación sanitaria y la consiguiente recuperación de la actividad descubren un nuevo panorama que rompe con los escenarios anteriores en los que se había acordado la prolongación automática del paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En este nuevo horizonte, que Seguridad Social extiende hasta el 31 de enero de 2022 ―una proyección temporal bien recibida por los agentes sociales― la formación será el epicentro que concentre el nuevo reparto de las ayudas.

Desde Seguridad Social, tal y como reconoció el propio Escrivá durante la presentación del dato de afiliaciones para mediados del mes de septiembre, consideran que la política de incentivar la reactivación de los trabajadores por medio de un alza de las exoneraciones sobre la que versó la anterior prórroga ya ha estimulado todo lo necesario a las empresas. El ritmo de reactivación ha pisado ligeramente el freno ―a pesar de que continúa a la baja― y ya son “tan solo” 253.000 los trabajadores que se encuentran suspendidos (en abril de 2020 se alcanzó el pico de 3,6 millones de personas).

Por ello, creen que el nuevo diseño de los ERTE debe ir dirigido a mejorar la formación de estos trabajadores para facilitar su retorno al mercado laboral, ya sea en sus empresas, dentro del mismo sector en el que venían desempeñándose, o en otras compañías y ramas de actividad. Y es ahí donde se enmarca la voluntad de Escrivá de fomentar la participación y el compromiso de las empresas a partir de nuevos incentivos que les lleven a rescatar no solo a sus propios trabajadores, sino a fijarse también en los demás.

Siete días para que concluya el plazo

El problema de partida que presentaba para las compañías este planteamiento tenía que ver con la antigüedad de los empleados. ¿Qué sucedería si decidieran incorporar a un trabajador en ERTE pero con 15 años de trayectoria en su anterior empresa? ¿Empezaría de cero en la nueva? Para evitar esa pérdida de reconocimiento laboral, el plan de Escrivá contempla que sea el Fogasa el que se haga cargo de este concepto.

Gobierno y agentes sociales han mantenido reuniones recientemente para abordar la prórroga de los ERTE. En el encuentro de este jueves, fuentes sindicales han señalado que serán dos acuerdos los que se firmen: uno que contemplará su continuidad hasta el 31 de octubre “en las mismas condiciones en las que están”, y un segundo “con nuevas condiciones y vigencia del 1 de noviembre al 31 de enero de 2022″. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que todavía no hay nada cerrado.

A falta de siete días para que concluya el plazo de vigencia de los actuales ERTE, y a tan solo cinco del último Consejo de Ministros del mes, el tiempo apremia. Las posturas no se encuentran tan enfrentadas como otras materias que concentran el diálogo social (reforma de pensiones y laboral) y todas las partes se muestran optimistas y creen que se podrá firmar el acuerdo en la reunión de este viernes. Las principales discrepancias se alojan, según denuncia UGT, en las reticencias del Gobierno a poner el contador a cero con relación a las prestaciones por desempleo; y en la creación de nuevos ERTE de limitación de actividad en el caso de que haya nuevas restricciones, como demanda CC OO.

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