El Congreso inflige una derrota al Gobierno y obligará a Aena a rebajar el alquiler a los locales de los aeropuertos

Aena tendrá que rebajar el alquiler a sus inquilinos. Esa es la posición mayoritaria en el Congreso, que ha debatido este jueves una enmienda introducida en el Senado por Coalición Canaria y que contó con el apoyo de PP, ERC, EH-Bildu y PDeCAT. En la Cámara Baja, además, se ha sumado a los apoyos el PNV, lo que abocaba al Gobierno a sufrir una derrota parlamentaria: la propuesta ha salido adelante con 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones. La enmienda establece que el arrendamiento de los locales comerciales en los aeropuertos deberá adaptarse mes a mes al descenso del número de pasajeros experimentado por las instalaciones del gestor aeroportuario público (el Estado tiene una participación del 51%).

La cuestión de los alquileres es una larga batalla que libran Aena, que gestiona la inmensa mayoría de los aeropuertos españoles, y sus inquilinos casi desde el inicio de la pandemia. Estos últimos siempre han reclamado quitas superiores a las que la empresa aeroportuaria proponía. Esta, a principios de año, ofreció eximir del pago de los alquileres en los primeros meses de pandemia (cuando durante el primer estado de alarma las instalaciones quedaron prácticamente desiertas) y aplicar una rebaja del 50% en los meses siguientes hasta el actual. A partir de octubre, por tanto, los inquilinos deberían volver a pagar la totalidad de las rentas que figurasen en el contrato.

La oferta fue aceptada por un 40% de los inquilinos, pero un 60% la rechazaron por considerarla insuficiente, lo que enquistó la negociación y trasladó el conflicto a los tribunales. Ya en junio, el Congreso aprobó una iniciativa no legislativa que pedía al gestor aeroportuario que negociase “acuerdos equilibrados” con los arrendatarios. Pero aquella iniciativa quedó en saco roto y lo que ha llegado ahora es una modificación de un proyecto de ley en el que el Senado introdujo una nueva disposición final “de carácter obligatorio” para la compañía de mayoría estatal.

La enmienda modifica por ley los contratos de arrendamiento de Aena que estuvieran vigentes a 14 de marzo de 2020, el día en que se declaró el primer Estado de alarma. Durante la vigencia del mismo (hasta el 21 de junio de 2020), el gestor aeroportuario no podrá exigir el pago de rentas. A partir de entonces, deberá reducir los alquileres en la misma proporción en que se haya reducido el número de pasajeros de cada aeropuerto respecto al mismo mes de 2019. Eso arroja porcentajes muy superiores al 50%.

Aplicación retroactiva

El nuevo texto señala que eso deberá ser así incluso cuando Aena hubiera alcanzado acuerdos previos con sus inquilinos. Agobiados por las deudas, muchos pequeños arrendatarios aceptaron las rebajas de renta que el gestor les ofrecía, pero no los más grandes. Entre estos, el principal es la multinacional Dufry, pero también los grupos Áreas o SSP, que operan áreas de restauración en numerosos aeropuertos. Estas compañías se negaron a aceptar los términos de Aena y litigaron en los tribunales. Ahora el proyecto de ley establece que se aplique retroactivamente y para todos por igual, para que los locales más pequeños también se beneficien.

El apoyo del Congreso a la enmienda supone un varapalo para Aena, que según distintos cálculos dejará de ingresar entre 1.200 y 2.000 millones de euros en un contexto de cuentas maltrechas por la pandemia, pero también para el Gobierno, cuyos socios principales (PSOE y Unidas Podemos) se han quedado prácticamente solos. Podemos ha decidido abstenerse, aunque ha dicho que compartía el espíritu de la enmienda en el sentido de obligar a negociar a Aena. La mayoría de partidos han afeado la actitud de la compañía presidida por Maurici Lucena en el proceso negociador. El PSOE ha señalado que no podía apoyar la enmienda por no tener nada que ver con el objeto principal del proyecto de ley en el que se inserta, que se aprobó para regular medidas en el transporte terrestre, engrosando igualmente las abstenciones.

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