Las patronales de las renovables y la energía eólica advierten de la paralización de proyectos por las medidas del gobierno

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) rechaza la medida de la minoración de retribución aprobada por el Consejo de Ministros con su redacción actual, lo que podría llevar a los propietarios a tomar la decisión de paralizar temporalmente su actividad o de denunciar los contratos, algo que podría incrementar aún más el precio del pool. A su juicio implica un efecto retroactivo sobre cientos de instalaciones renovables que, a partir de mañana, afectará gravemente a su viabilidad. A las críticas se ha unido la Asociación Empresarial Eólica (AEE), mientras la gran patronal fotovoltaica Unef está evaluando el contenido con detalle para adoptar una posición consensuada.

Según la asociación, “el impacto que la norma tendrá sobre numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos con coberturas de precios y contratos de compraventa de energía (PPA por las siglas de Power Purchase Agreement) hará que los propietarios o las contrapartes del contrato pierdan dinero con cada MWh inyectado en la red”, sostiene la asociación, que añade que, en un caso típico, las instalaciones renovables afectadas tendrán que vender a pérdidas (por minoraciones que pueden superar los 100 euros/MWh).

“La paralización de proyectos renovables, que se realizaría para no tener que incurrir en las importantes pérdidas, conllevaría una menor oferta y, por tanto, una previsible subida adicional del pool eléctrico como consecuencia directa”, ha adelantado la asociación, que entiende que este efecto “no era el buscado por el Gobierno”, que ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años por acelerar la transición a una economía más baja en carbono, con mayor presencia de renovables y con menores costes energéticos gracias a la competitividad alcanzada por las energías limpias.

Desde APPA se reclama la tramitación de la norma como proyecto de ley en Las Cortes para poder modificar los aspectos más lesivos para los proyectos y salvaguardar la seguridad jurídica, fundamental para la obtención de los más de 100.000 millones de euros en inversiones necesarios para acometer la Transición Energética. Además, muestra preocupación por la vinculación de la minoración de ingresos al mercado del gas y, en particular, al Mibgas, un mercado con poca liquidez, muy volátil y con precios actualmente al alza, lo que hace aún más impredecible el comportamiento del mercado eléctrico.

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido del impacto que estas pueden tener en el sector. La AEE considera que las medidas solo ponen el foco en una parte del mercado eléctrico y se olvidan de “las implicaciones en otros entornos”. Para las 250 empresas del sector que integran AEE, el Real Decreto-Ley tendrá un impacto negativo en el 21% del parque eólico español, en concreto, en aquellos parques con más de 20 años o en instalaciones incorporadas bajo merchant o esquemas PPA.

Además, aunque las medidas del Gobierno tienen carácter extraordinario y temporal, pueden conllevar “cambios de comportamiento de los actores económicos” y ahuyentar la inversión en el sector eólico y renovable. El sector eólico considera que constituyen la energía “más eficiente para reducir el precio de la electricidad” y, sin embargo, la que “se verá afectada con mayor impacto con estas nuevas medidas”. La AEE también ha pedido que se facilite la instalación de una nueva potencia eólica y se apueste por la expansión de las energías renovables, que son “la única solución” contra los “vaivenes en los mercados internacionales de los precios de los productos energéticos de origen fósil, las materias primas o el CO₂”.

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