Sánchez recorta los beneficios extraordinarios de las energéticas para abaratar la luz y poner un tope al gas

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un plan de choque para rebajar el recibo de la luz ante la espiral alcista de la energía eléctrica, que desde principios de verano está marcando récords históricos casi cada semana. Sánchez, en una entrevista en RTVE, avanzó nuevas rebajas de impuestos sobre la electricidad y otras medidas para abaratar la luz y el gas. “Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. A mí eso no me parece aceptable, porque son beneficios que le vienen por la evolución del precio energético”, ha manifestado Sánchez, que asegura que “detraerá beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas” para rebajar la factura.

El presidente ha explicado que su plan para limitar el impacto de la subida de precios en el mercado mayorista de la electricidad pasa por cuatro ejes: reformas estructurales para impulsar energías más limpias y baratas, medidas para proteger a los consumidores más vulnerables, reducción de algunos impuestos y detraer los beneficios extraordinarios que tienen algunas empresas energéticas para trasladarlos a la factura eléctrica.

Con esta decisión el Ejecutivo pretende cumplir con el compromiso lanzado en una entrevista en EL PAÍS: “Estamos trabajando con un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado”.

Sánchez explicó que entre las iniciativas que hoy aprobará el Consejo de Ministros se incluye la reducción del impuesto de la electricidad que se carga sobre la tarifa de la luz. Actualmente se aplica una tasa del 5,11%, pero el jefe del Ejecutivo explicó que lo rebajará al 0,5%, el mínimo permitido por la legislación comunitaria. Se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas. Hacienda recauda y transfiere el montante cosechado a los territorios. Si el Gobierno finalmente aprueba la rebaja deberá compensar a las autonomías por los ingresos perdidos.

Sánchez también ha insistido en que prevé “detraer los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas y redirigirlo a los consumidores”. También explicó que pondrá un tope al precio del gas. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí tenemos que ser solidarios y todos tenemos que hacer un esfuerzo”, en referencia a las empresas energéticas que se están beneficiando de los altos precios de la electricidad.

La medida se añade a la bajada, decidida hasta fin de año, del IVA del 21% al 10% y la supresión del impuesto de generación (del 7%) para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encumbre de los 45 euros por megavatio hora (MWh). La suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica ya se aplicó en 2018 durante seis meses para contener otra ola alcista.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un paquete de medidas para frenar el ascenso de los precios de la luz y evitar el impacto en la factura mensual. Entre esas iniciativas, se incluye la reducción del impuesto de la electricidad que se carga sobre la tarifa de la luz. Actualmente se aplica una tasa del 5,11%, pero el Gobierno quiere rebajarlo al 0,5%, el mínimo permitido por la legislación comunitaria. Se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas. Hacienda recauda y transfiere el montante cosechado a los territorios. Si el Gobierno finalmente aprueba la rebaja deberá compensar a las autonomías por los ingresos perdidos. El Ejecutivo también planea incluir modificaciones en los cargos que se asocian a la tarifa, como los costes extrapeninsulares, las primas a las renovables o los fondos destinados al déficit tarifario.

El Ejecutivo también aprobó a principios de verano un anteproyecto de ley para reducir los llamados beneficios llovidos del cielo (la sobrerretribución que logran las centrales hidráulicas y nucleares, que no emiten CO₂, gracias precisamente a que los altos precios del CO₂ hacen subir el precio mayorista) y trasladar esa cuantía a los consumidores, pero es una medida que está en trámite y no se sabe durante cuántos meses desplegará sus efectos.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Raquel Rodríguez, defendió este fin de semana en una entrevista las medidas que el Ejecutivo está adoptando para reducir el impacto de la crisis energética sobre las familias. Recordó que ya se han puesto en marcha varias “medidas que están viendo su resultado en la factura” entre las que citó “la reducción del IVA en la energía, la apuesta por el bono social o el impuesto a la generación eléctrica para empresas y autónomos”. Rodríguez aseguró que estas iniciativas “supondrán una bajada en el recibo en torno al 12%”. La portavoz del Gobierno también avanzó que están “trabajando en proyectos de ley que pueden ser inminentes, y una vez finalizados los proyectos, pueden repercutir en el recibo de la luz hasta un 15%”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, que dirige Teresa Ribera, lleva semanas preparando un “plan de choque” para limitar el impacto de la subida de la electricidad en el recibo de la luz que pagan unos 10,5 millones de hogares que tienen tarifa regulada, más expuesta a los vaivenes del mercado. El ministerio estudia como reducir su vinculación directa con el precio mayorista, incluyendo otros indicadores más estables, para reducir la volatilidad en el recibo. También aprobará un suministro mínimo vital, para aportar una protección adicional a los consumidores vulnerables. La medida impediría cortar el suministro durante cuatro meses adicionales a los ya existentes.

La ministra de Transición Ecológica anunció la semana pasada que obligará a las grandes eléctricas a subastar energía entre empresas comercializadoras e industriales con el fin de reducir la dependencia de los precios internacionales del gas y amortiguar la subida de la electricidad en el recibo. Estas pujas serían una alternativa al mecanismo impuesto por Europa, que no permite que los Gobiernos fijen precios de tecnologías más baratas de producir, pero sin vulnerarlo. Se conocen como subastas pay as bid, es decir, que la empresa recibe el contrato al precio ofertado por cualquier tecnología por las comercializadoras o industrias y no al que marque el pool. Es previsible, según fuentes consultadas, que se fije un suelo, que no será menor que los costes por producir, pero no porque el Gobierno decida el precio al que se debe vender, tal como ha señalado Ribera en referencia clara a la petición de Unidas Podemos de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear. El objetivo es “hacer las cosas bien”, para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que aboga por achicar el pool. Estas subastas funcionaron durante el primer Gobierno de Zapatero y facilitaron que todos los operadores relevantes pudieran ofertar a todos los comercializadores y grandes consumidores sin prejuzgar cuál era la tecnología y que podían entrar o no, podían acceder o no al mercado mayorista.

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