¿Quién costeará la rebaja de la luz?

La factura de la luz debe reducirse, porque su ascenso exponencial es socialmente insostenible, particularmente para los más vulnerables. Así que se achicará, sí o sí. El problema es cuándo y cómo… y quién costeará la rebaja.

A largo plazo, las energías renovables —eólica, voltaica— ocuparán la plaza de las fósiles en el mix energético. El descenso del coste global será automático pues los costes de su producción se limitarán a los fijos de las instalaciones (la materia prima no los acarrea), y en cascada debería reducirse el precio.

A medio plazo, dos proyectos de ley ya en marcha contribuirán a aligerar el recibo: uno crea el Fondo Nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico (sacar en cinco años de la factura el coste de las primas de las renovables más antiguas); el otro frena la sobrerretribución a las eléctricas suscitada por el ínfimo coste de hidráulicas y nucleares ya amortizadas, que en cambio se retribuyen al precio de la energía más cara (los llamados beneficios caídos del cielo).

Para ya, el aumento ha conducido al Gobierno a calibrar otras medidas. Unas, fiscales: prorrogar o aumentar la rebaja de impuestos ya producidas en junio (IVA y generación eléctrica); o reducir también el impuesto sobre el consumo eléctrico (del 5,11%). Otras, hacia las empresas, como recuperar las subastas de energía primaria, que obligan a las dominantes a ofertar a las pequeñas parte de la energía que generan. Las demás, sobre otros costes tarifarios: como pasar una parte de la subvención a los consumidores isleños, incluida en la factura, al Presupuesto…

El aspecto discutible de este planteamiento que busca abarcar todos los elementos es que lleva tiempo calibrar cada uno de ellos, tiempo del que no disponen los consumidores modestos ni las pymes más ajustadas. Pero el acierto está en su orientación de atribuir la factura de la rebaja no solo a los contribuyentes, sino también a las empresas del sector.

En cambio, la proposición de ley del PP formalizada el martes concentra su artillería en rebajar, suprimir o trasladar cargas e impuestos al Presupuesto: los gastos insulares (800 millones); el déficit de tarifa (2.700 millones); la tasa de generación eléctrica a las grandes compañías (1.500 millones) y perpetuar la rebaja del IVA (hasta en 2.000 millones). Total, unos 7.000 millones de euros. El punto negro de este plan es, precisamente, que crea un agujero fiscal, a cubrir por el Presupuesto. Se supone que con otros ingresos impositivos (a los que el PP se opone) o en su defecto, mediante recortes sociales.

En aras de la racionalidad y de cauterizar la demagogia, convendría que no solo los proyectos de ley gubernamentales que aumentan el gasto detallen cómo compensarlo del lado de los ingresos, sino que también lo hicieran las iniciativas legislativas de los partidos.

Hay otro punto discutible en la propuesta conservadora: no implica a las empresas del oligopolio eléctrico en un reparto equitativo de actores que financien la rebaja. Para su mala fortuna, algunas han tomado esta semana la iniciativa en lo que se promete como una guerra comercial interna al grupo. De máximo interés.

Naturgy anunció el miércoles que ofrecerá un tope de 60 euros el megavatio hora a los acogidos a tarifas reguladas. Por dos años y sin compromiso de permanencia: esto es, reversible a voluntad del consumidor. Iberdrola reaccionó el jueves con una oferta alternativa, aún inconcreta, de precios “personalizados y garantizados durante cinco años”. Es un modelo fijo plurianual frecuentado en otros países europeos. Habrá que ver aquí sus detalles, y si suponen una rebaja cierta y sustantiva. Si fuera así, se evidenciaría que las compañías tienen margen. Pues ya se sabe que la venta a pérdida es ilegal.

Economía en EL PAÍS