El ala dura de la UE se abre a negociar las reglas fiscales

El tsunami económico del coronavirus provoca extrañas reacciones: si hasta la fecha el ala dura de la Unión Europea había mostrado el potencial afilado de sus garras para mantener a toda costa las estrictas reglas fiscales, ahora parecen abiertos a negociar su modificación. Pero con condiciones y líneas rojas de trazo grueso. Los halcones, antes conocidos como frugales, están “abiertos a un debate sobre la mejora de la gobernanza económica y fiscal, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que ocho países de la UE, capitaneados por Austria y Holanda, fijan su posición de cara al encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas que tendrá lugar este viernes y sábado en Eslovenia.

Sin embargo, he aquí las líneas rojas, solo están dispuestos adentrarse en esta negociación si “las nuevas propuestas no ponen en peligro la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros, la zona euro o la Unión en su conjunto”. Y siempre y cuando se desvinculen los dos grandes asuntos económicos que los Veintisiete tienen ahora mismo sobre la mesa: la desactivación de la Cláusula General de Escape (a la que se recurrió con el primer zarpazo de la pandemia para aliviar las economías y ha sido prorrogada hasta finales de 2022) y esa posible reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una idea que nació antes del coronavirus, se quedó en suspenso durante año y medio, y ha resucitado con más fuerza que nunca ahora que la UE abandona la mayor recesión desde la Segunda Guerra del mundo. Las cicatrices, sin embargo, siguen ahí: la deuda pública está en máximos, ha pasado del 79% en 2019 al 94% en 2021. El umbral del 90% es anatema para los halcones, los países más ortodoxos en el debate fiscal.

La cita en Brdo (Eslovenia) supondrá una primera toma de contacto entre las capitales. Pero el Norte golpea primero: esa misiva la suscriben, además de Austria y Holanda, los nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), además de varios socios del Este (Letonia, Eslovaquia y la República Checa). La flor y nata de los halcones.

El Sur está en otra longitud de onda. Algunos países, como Francia y España, aspiran a que las discusiones sobre las nuevas reglas fiscales vayan deprisa para que cuando toque desenchufar la máquina de la cláusula de escape –en 2023, según las fuentes consultadas en Bruselas–, no sea necesario volver al status quo de austeridad, sino a un nuevo régimen que esperan más flexible. El papel del Norte enfría, de momento, estas aspiraciones: “La calidad es más importante que la rapidez”, apuntan los ocho países, que anticipan así un duro debate. El texto añade varias frases del manual de cabecera de los austeros: “La reducción de los ratios de deuda excesivos debe seguir siendo un objetivo común […] La sostenibilidad fiscal combinada con reformas que apoyen el crecimiento económico debe seguir siendo la base”.

Las reglas fiscales datan de los años noventa: se diseñaron para un mundo que ha desaparecido y en Bruselas hay un amplio consenso para reformularlas. Pasar de las mEstados Unidoss al teatro va a ser un dolor de muelas. La UE ha intentado retrasar ese debate hasta que haya elecciones en Alemania, en algo más de dos semanas: no es lo mismo un Gobierno conservador en Berlín que una coalición en la que manden los socialdemócratas o tengan poder (o incluso un ministro de finanzas) los verdes.

La Comisión, además, prefiere esperar a Francia: la presidencia francesa de la UE arrancará en 2022, y París (junto a Roma y Madrid) es muy favorable a una reforma de las reglas que proporciones más margen de maniobra. De entrada, los halcones tratan de imponer sus límites: “Las medidas fiscales sin precedentes para combatir los efectos negativos de la crisis han afectado la sostenibilidad de las finanzas públicas en muchos países, en especial en socios donde las medidas han aumentado permanentemente el presupuesto y donde los niveles de deuda pública están en máximos”, dice el texto. Ese párrafo parece directamente destinado a países como España: la deuda pública está en torno al 125% del PIB, en niveles máximos, por las medidas anticrisis -como los ERTE o las líneas de liquidez, que han funcionado bien- pero también por medidas más discutibles como la subida de las pensiones y de los sueldos del sector público.

El contraataque del Sur puede tardar unos meses en llegar: la Comisión Europea considera que ese debate es aún “prematuro”. Pero el primer golpe ya está ahí, a la espera de la reunión de ministros en Eslovaquia. El ala dura venía avisando: ya en junio el ministro austriaco de finanzas envió una carta a sus homólogos de la zona euro en la que alertaba del fuerte incremento de la deuda pública y de los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas. En primavera, Berlín reclamó en la OCDE recortes fiscales a España “más pronto que tarde”.

Economía en EL PAÍS