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Las patronales reclaman “una avalancha de ayudas” tras el verano con los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.Luis Sevillano

A mediados de agosto, con buena parte de los españoles repartidos entre la playa, la montaña y la fila de la vacuna, un cheque de 9.000 millones de euros viajó de Bruselas a Madrid. La ayuda, la primera de otras muchas que seguirán la misma ruta en los próximos cinco años hasta llegar a 140.000 millones —de los cuales la mitad tendrán que ser devueltos— es la respuesta europea al impacto de la pandemia. Y sobre el papel, un estímulo que movilizará cuantiosos recursos privados y debe dejar una España irreconocible para bien: más verde, más digital y capaz de hacer crecer su economía con menos. Hasta que esas altas expectativas se hagan realidad queda un arduo camino: convocatorias por salir, proyectos por pergeñarse. En definitiva, un monumental esfuerzo de administraciones y empresas por acertar en las reformas e inversiones y por llevarlas a cabo con rapidez para que no quede ni un solo euro sin gastar.

Aunque la primera inyección de dinero europeo acaba de llegar a las arcas del Tesoro, el Gobierno ya adelantó en los presupuestos de 2021 unos 24.000 millones del mecanismo europeo de recuperación para comenzar a gastarlos desde el primer día. Sin embargo, no está claro que vaya a haber tiempo para que se usen antes del 31 de diciembre. Funcas prevé que se ejecuten este año 10.000 millones, dado que la primera mitad del ejercicio se ha empleado en otros menesteres. “El trabajo hasta julio ha estado muy centrado en definir el plan nacional, la hoja de ruta. Nos jugamos todo en la ejecución”, resume Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal de empresas CEOE.

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Tras meses de retrasos y dudas por problemas en la ratificación definitiva del plan —en los que, entre otras, se supeinusualn las trabas del Constitucional alemán— la hora de la verdad ha llegado. Y desde la media docena de patronales consultadas reclaman poner la maquinaria pública a trabajar cuando terminen las vacaciones. “Hace falta que en septiembre y octubre haya una avalancha de ayudas, porque si no no vamos a cumplir los plazos previstos. Hemos ido muy lentos en publicación de convocatorias hasta verano y hace falta que se acelere brutalmente”, añade Socías. El Gobierno recoge el guante, y fuentes del Ministerio de Economía apuntan que ahora se entra en una fase distinta, la de acelerar en la implementación del plan apoyándose en buena medida en las ideas recabadas en las manifestaciones de interés lanzadas por el Ejecutivo para identificar proyectos.

Como se puede ver en la web del plan de recuperación, nuevas convocatorias comienzan a abrirse tímidamente. Este viernes había 18 operativas. Entre otras, 1.000 millones de euros en subvenciones para que los municipios implanten zonas de bajas emisiones, impulsen la bici, peatonalicen calles y compren autobuses eléctricos o que usen hidrógeno; el programa Moves III, dotado con 400 millones para construir puntos de recarga y para cubrir parte de los gastos a particulares y autónomos que adquieran un coche eléctrico —7.000 euros de ayuda en la compra de turismos de este tipo—; 13 millones en préstamos para la transformación digital de pymes o un millón para sufragar estancias en el extranjero de escritores, traductores e ilustradores.

También aparecen nueve convocatorias ya cerradas, entre ellas una de 50 millones para proyectos de inteligencia artificial. Pedro Mier, presidente de Ametic, la patronal de la industria digital, atisba precipitación. “Se están lanzando convocatorias en el periodo estival con poco margen para que las empresas propongan proyectos. Es bueno para ser veloces, pero malo para la calidad de las propuestas que se puedan presentar. Esperamos que eso se corrija en las próximas convocatorias”. Sernauto, la asociación de proveedores de componentes de automoción, está de acuerdo. “Las convocatorias publicadas han coincidido con el periodo de vacaciones de verano y con plazos muy cortos, dificultando a las empresas la preparación de las memorias de solicitud y la recopilación de la documentación necesaria”, dice un portavoz.

El Gobierno espera que los fondos europeos sumen dos puntos de media al PIB cada año entre 2021 y 2023, pero el Banco de España es menos optimista, y lo reduce a un promedio anual de 1,8 puntos —un punto en 2021, 2,4 en 2022 y 1,8 en 2023—.

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Las previsiones están sujetas a múltiples factores, algunos incontrolables. La principal preocupación de Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, es que administraciones más pequeñas como diputaciones o ayuntamientos tengan capacidad para sacar adelante licitaciones en ocasiones complejas. “El plan E fueron solo 7.900 millones de euros y fíjate la que se montó”, compara. También teme otros inconvenientes coyunturales. “Se tiene que comenzar a ejecutar de manera inminente en septiembre, y hay falta de mano de obra, retrasos en los suministros, y subidas en los precios de las materias primas”, enumera. Fernández Alén calcula que la construcción pasará de 1,3 millones a dos millones de trabajadores debido a que proyectos sostenibles y digitales necesitan levantar infraestructuras como plantas de reciclaje, depuradoras, instalaciones fotovoltaicas, de 5G o fibra óptica. “Muchos de ellos serán trabajadores reciclados del turismo o recién salidos de los ERTE. La construcción paga bien y tiene horarios razonables”, defiende.

En el sector turístico no están contentos con la asignación de 3.400 millones en fondos europeos que les corresponde. “Antes de la pandemia éramos el 12% del PIB y el 14% del empleo. Si hay casi 70.000 millones en subvenciones a repartir, lo que nos toca no llega al 5%”, lamenta Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Su entidad fomenta dos proyectos que aspiran a ser financiados con fondos europeos: smart hotel, para digitalizar los establecimientos españoles, y una plataforma a través de la cual hoteles, restaurantes, organizaciones de excursiones y hasta firmas de alquiler de hamacas puedan ofrecer sus servicios. “Se nos está pasando el arroz. Hay gasto y presupuesto comprometido para 2021. Hay que ponerse las pilas”, demanda.

Transformación sí… pymes también

Carlos Abellá, secretario general de la Mesa del Turismo, llama a que las convocatorias no olviden a las empresas de menor tamaño. “Las grandes disponen de más recursos y están más avanzadas. Las pequeñas tienen menos acceso a esos desarrollos tecnológicos de manera independiente”. Con las pymes representando más de un 90% del tejido productivo español, ese es un equilibrio complicado que deberá sortear el plan. Así lo cree Socías, de la CEOE. “Debe haber proyectos suficientemente grandes para ser transformadores, lo que implica que estén liderados por grandes empresas, pero en paralelo debe haber convocatorias dirigidas a pymes y autónomos. El éxito o fracaso del plan va a depender de que se suban a la ola”, advierte.

Fuentes de la patronal de concesionarios Faconauto se declaran satisfechas con los 24.000 millones de inversión prevista para el sector en el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del coche eléctrico, que por cada euro público invertido permitirá movilizar cuatro privados. Sin embargo, admiten cierta incertidumbre debido al lapso comprendido entre los anuncios de las líneas de ayudas y su materialización en el BOE o los boletines autonómicos.

Grandes riesgos

A finales de año, España recibirá un nuevo cheque de Bruselas, este de 10.000 millones de euros y ya ligado al cumplimiento de los hitos que exige la Comisión Europea. Cada seis meses se repetirá el proceso: Bruselas desbloqueará nuevos pagos si España cumple. Víctor Calvo-Sotelo, director general de la asociación DigitalES, opina que esa será una de las mayores dificultades junto a cómo maximizar el efecto tractor de las inversiones “para que su impacto sea el mayor y más duradero posible”.

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Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), sostiene que la puesta en marcha del plan avanza en España rápido si se compara con la media europea. Pero ve tres grandes riesgos: una crispación política demasiado elevada que ahuyente la inversión extranjera —el líder del PP, Pablo hogardo, acusó esta semana a Pedro Sánchez de usa los fondos “para su agenda electoral”, “mentir a Europa y a España” y “agujerear el bote salvavidas europeo para dar de beber a sus socios”—; la coordinación con las comunidades autónomas con las que el Gobierno mantiene peores relaciones; y las perturbaciones en las cadenas de producción globales, que ya han provocado serios problemas a las fábricas de coches y dispositivos electrónicos por la falta de chips, y pueden entorpecer futuras inversiones.

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